Colectivos Inciden en Labor de la Fiscalía, Denuncia Abogada de la Zona Sur

*Señala que no hay justicia expedita y se ejerce presión hacia las autoridades judiciales

Raúl Gallegos

Por presunta corrupción que sigue imperando en las agencias del ministerio público de la Fiscalía Regional qué se dejan «presionar» por gente externa y colectivos feministas, la abogada de la zona sur, Laura Moreno Trejo, denunció que existe contubernio para dañar a muchos ciudadanos que esperan una impartición de justicia expedita, y que en éstos momentos dista mucho de serlo pese a la buena labor que pretende inyectar el Poder Judicial de Tamaulipas y el Fiscal General de Justicia.

La quejosa, explicó que desafortunadamente muchas investigaciones que lleva a cabo el ente fiscal de la región son parciales y sin objetividad, pues en el caso de colectivos como «Mujer Manglar» inciden en dichas decisiones que afectan a personas y sus respectivas familias.

Dijo, incluso que las manifestaciones que ha realizado esa asociación civil feminista en la zona es para doblegar a servidores públicos de los municipios y de la misma fiscalía regional.

«Y que prácticamente arrodillan a servidores públicos y a la misma Fiscalía. Los colectivos se quejan y luego hasta destituyen a funcionarios municipales», declaró

La abogada de la región lanzó un llamado de auxilio a la Presidenta del Poder Judicial Tania Contreras y al Fiscal General de Justicia, Eduardo Govea Orozco, a poner atención en las agencias del ministerio público de la región, que están prácticamente tomadas por esa clase de colectivos y asociaciones que solo buscan el beneficio a costa de lo que sea.

«Ya les hemos dado mucho poder a esa clase de colectivos, no somos las primeras víctimas, pues hay miedo de salir porque pueden venir a marchar las feministas» declaró

Resaltó, que en el caso del colectivo «Mujer Manglar» se dedica a destruir la imagen de las personas y provocar la baja de funcionarios locales sin aportar soluciones.

Moreno Trejo, puntualizó que este martes encabezará una protesta pacífica en las instalaciones del Centro Integral de Justicia, ubicado en Altamira, para dar a conocer que entre funcionarios judiciales y colectivos feministas promueven la desintegración familiar y el odio perjudicando a personas inocentes.

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