Por Agustín Peña Cruz |
La firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tampico, que encabeza Mónica Villarreal Anaya y el Capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados busca reforzar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, mediante asesoría jurídica y acompañamiento gratuito en materias civil, familiar y penal.
El acuerdo, encabezado por Joel del Ángel Andrés, presidente del organismo colegiado en la entidad, permitirá que más de cien abogados especialistas se integren a las labores del Instituto de la Mujer, en una estrategia que pretende ampliar la capacidad de atención ante la creciente demanda de servicios legales y de orientación.
“Lo que buscamos es poderles dar una ayuda integral desde el punto de vista legal a todas las personas que llegan y tocan la puerta al Instituto de la Mujer”, afirmó Del Ángel Andrés durante la firma del convenio. El abogado explicó que la colaboración se desarrollará bajo un esquema pro bono, es decir, sin costo alguno para las usuarias.
El dirigente recordó que la Barra Mexicana cuenta con más de un siglo de existencia y que su labor histórica ha estado vinculada a la defensa del derecho y al fortalecimiento institucional. “Somos un colegio de abogados con más de 100 años de existencia, el colegio más antiguo del país, y hoy estamos muy honrados de firmar este convenio de vinculación con el Ayuntamiento de Tampico”, señaló.
La iniciativa contempla que los casos sean asignados conforme a la especialidad de cada litigante. Del Ángel Andrés precisó que la agrupación dispone de más de cien abogados en el ámbito local, lo que permitirá responder a necesidades específicas en áreas como derecho familiar, civil o penal, según los requerimientos que determine el Instituto de la Mujer.
El convenio también prevé la participación de la Barra Mexicana en la revisión de protocolos y reglamentos internos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención institucional. Aunque evitó emitir juicios sobre el funcionamiento actual de dichos procedimientos, el presidente del colegio indicó que la prioridad será “aportar y sumar para poder generar un mayor impacto social en este municipio”.
La colaboración surge en un contexto donde las instituciones públicas enfrentan altos volúmenes de trabajo y limitaciones operativas. Del Ángel Andrés reconoció que ya existen capacidades instaladas dentro de la defensoría pública, pero sostuvo que el acompañamiento de abogados particulares puede contribuir a ampliar la cobertura.
“Lo que hacemos es sumarnos a lo que hoy ya existe. Sin duda existe ya una defensoría y capacidades instaladas, pero a veces la demanda que hoy recibe el Instituto de la Mujer hace necesario acompañar a más personas y generar un mayor impacto”, expresó.
El abogado insistió en que el servicio será completamente gratuito, tanto en la asesoría inicial como en el acompañamiento jurídico posterior. Señaló que, en un despacho privado, una consulta legal puede representar costos de entre mil y mil 500 pesos, cifra inaccesible para muchas víctimas que buscan orientación inmediata.
“Más allá del impacto económico, lo importante es el acompañamiento para que puedan buscar alternativas y resolver sus problemas”, dijo.
Durante la entrevista, Del Ángel Andrés también abordó las condiciones actuales del sistema de procuración de justicia en Tamaulipas. Reconoció que algunos litigantes han señalado retrasos y lentitud en trámites dentro de fiscalías y procuradurías, aunque atribuyó parte de esa situación a la transición institucional derivada de recientes cambios administrativos.
“Creo que están haciendo el esfuerzo. Sin duda va a tomar tiempo estabilizar el trabajo que se venía realizando”, comentó. Añadió que la carga laboral y la necesidad de más personal pueden influir en algunos retrasos, aunque aclaró que no se trata de una situación generalizada.
