D E S A C A T O
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+Crisis constitucional y económica * Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señala: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y a los líderes de Morena”
MARCO ANTONIO FLORES***
El martes 5 de noviembre de 2024 sesionará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un último intento por hacer valer su misión fundamental de ser tribunal constitucional, que significa velar, para que, aún, en las reformas constitucionales se respeten los principios fundamentales (cláusulas pétreas), los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señaló: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y los líderes de Morena”.
Imagínese lo que significa para México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos, para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, motivado por una venganza personal (del Poder Ejecutivo) y un evidente “afán controlador” del partido en el poder.
Desde la Constitución de 1824, cuando José María Morelos y Pavón propuso incluir en el Acta Constitutiva del país los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: Ser una República democrática, representativa y federal. Se adoptó el principio de la división y separación de Poderes con la ineludible independencia dentro de su unión.
El Poder Judicial nació independiente y para asegurar su libertad se adoptó el principio de la inmovilidad judicial; hoy, después de 200 años, ese basamento de nuestro régimen democrático constitucional fue abolido de un plumazo por obra y gracia de una mayoría legislativa ciega y sometida al Ejecutivo federal, ignorante de nuestra historia.
RENUNCIA Y POSTURAS
Con la inédita renuncia de ocho ministros al supremo tribunal constitucional y con el cese de casi 2 mil jueces y magistrados se ha consumado un auténtico golpe de Estado contra uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.
En las renuncias que presentaron los ministros de la SCJN, la última semana de octubre de 2024, se expresan su desacuerdo con la reforma judicial y su pesar por lo que ésta representa.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló en su renuncia: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”; la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo: “La reforma impone una disyuntiva que considero impropia… Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresa: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para la que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”; el ministro Javier Laynez Potisek comenta: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025…”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala: “Renuncio… me permito al dejar este puesto y hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”; el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Después de más de cuarenta años de carrera judicial, con la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte…”.
Luis María Aguilar Morales expresa: “El ejercicio de este cargo he procurado siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”; el ministro Alberto Pérez Dayán comenta: “Expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral extraordinario 2024-2025”.
EL 5 DE NOVIEMBRE, DÍA ‘D’
Ya aprobadas en forma precipitada y sobre las rodillas, tanto la reforma judicial como la mal llamada reforma de “supremacía constitucional”, el pleno de la SCJN votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone al Tribunal Pleno contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.
En esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada “Reforma Judicial”, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual pretende renovar a los Poderes judiciales Federal y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.
En el proyecto que presenta el ministro González Alcántara se fundamentan todos y cada uno de sus puntos y se traduce en una valiosa y oportuna propuesta jurídica y política, que contiene una salida conciliadora a la reforma judicial. Plantea básicamente que se elijan a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF, pero no así a casi 4 mil jueces y magistrados de tribunales federales y estatales de todo el país y que representan el basamento de todo el Poder Judicial.
En su proyecto, entre todo su contenido, se destaca lo siguiente: “Según la Constitución, los partidos políticos nacionales tienen legitimación para impugnar normas generales en materia electoral, cuyo ámbito validez sea todo el territorio nacional; La SCJN está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El decreto impugnado contiene normas generales. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución, vigente desde 1917, es el producto de un pacto federal… y la Corte, como defensora de la Constitución, debe revisar, incluso las reformas constitucionales que contravengan ese pacto.
“Existencia de vicios durante el proceso legislativo. Los procedimientos de todo tipo deben asegurar el cumplimiento de tres elementos esenciales, esto es, la participación de todas las fuerzas políticas en condición de igualdad, la aplicación correcta de las reglas de votación y la publicidad del procedimiento. En el decreto impugnado que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras que accedieron al cargo mediante la carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben, para dar lugar a la elección de esos cargos por voto popular. En este apartado se propone invalidar ese régimen transitorio por violar las garantías judiciales de inamovilidad del cargo e irreductibilidad de sus percepciones, con el fin de salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de Poderes y se analizan las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a los cargos de personas juzgadoras mediante voto popular.
“Las disposiciones constitucionales que regulan este sistema se invalidan porque se advierte que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado”.
‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL’
Especialistas y reconocidos juristas señalan que la reforma de “supremacía constitucional” no aplica en el análisis de la SCJN sobre la reforma judicial en consideración a lo siguiente:1) El transitorio segundo dice: ‘Los asuntos que se encuentren en trámite’, pero el estatus del asunto del ministro González Alcántara Carrancá está en lista para el martes, POR LO QUE YA NO ES UN ASUNTO EN TRÁMITE, por tanto NO le aplica el transitorio segundo de la ‘supremacía’; 2) Principio de irretroactividad de la ley. Aún prevalece el Artículo 14 de la Constitución y en esta parte normativa estipula que NO se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona.
El proyecto del ministro ESTÁ resolviendo cinco acciones de inconstitucionalidad que presentaron CINCO PERSONAS perfectamente legitimadas para IMPUGNAR ante la Corte la reforma judicial.
Así, la reforma de “supremacía constitucional” (en materia de inimpugnabilidad) lo único que ADMITIERON tácitamente los del Poder Legislativo es QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SÍ SE PUEDE REVISAR POR LA CORTE.
La reforma judicial es inconstitucional porque viola cuatro principios: De retroactividad, de progresividad, de legalidad y de seguridad jurídica.
Si -como se espera- la resolución de la SCJN no es acatada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, lo que traería aparejada una crisis económica, se pondría en riesgo el T-MEC y todas las inversiones nacionales y extranjeras.
Adicionalmente el eventual triunfo de Donald Trump agravaría la crisis económica. Sin confianza y reglas claras, no habrá inversión, ni crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido. Seguridad y “Estado de Derecho” son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, que corresponde al Ejecutivo.
Urge una reforma integral de la justicia. Hay la esperanza que Claudia Sheinbaum Pardo atienda la invitación del ministro González Alcántara a reflexionar, que actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.
La Presidenta Sheinbaum debería poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros.
Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida. Que así sea.
TOMADO DE … https://impacto.mx/opinion/
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MARCO ANTONIO FLORES / Académico y consultor