El auténtico Estado de Derecho
El auténtico Estado de Derecho
Nuestro apreciado amigo y respetable colaborador de Candelero, Ricardo Monreal, inicia su análisis sobre el controvertido tema de la reforma al Poder Judicial, contrastando lo que llama “Estado de Derecho” y “Estado de derecha” que son, dice, “dos lógicas yuxtapuestas y encontradas sobre lo que deben ser el Derecho, la Justicia y la Democracia misma”.
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Por Ricardo Monreal Ávila
El debate generado por la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial es altamente provechoso: nos permite contrastar dos visiones, dos versiones y dos proyectos de un mismo Estado. A una la llamaremos “Estado de Derecho” y a la otra, “Estado de derecha”. Son dos lógicas yuxtapuestas y encontradas sobre lo que deben ser el Derecho, la Justicia y la Democracia misma. Veamos:
- Estado de Derecho: la elección de juezas y jueces mediante el voto popular directo y secreto es la mejor forma de alcanzar la independencia y autonomía del Poder Judicial respecto a las otras ramas en que se divide el poder público para su ejercicio el Legislativo y el Ejecutivo, ya que no dependerá de éstos para su integración y legitimación. La elección popular democratiza al Poder Judicial y lo convierte en un “Poder par” frente a los otros dos. Por ahora es un Poder non o desigual, pues requiere de ellos para su conformación.
- Estado de derecha: el voto popular desnaturaliza al Poder Judicial, al hacer depender a un juez de la “mayoría numérica” que reporten las urnas y no de la “mayoría de razón” que se obtiene de un examen de admisión. El pueblo es neófito en leyes; por ello, es incapaz de distinguir entre un juez idóneo y un juez ignorante. Para seleccionar a un juez es más importante la meritocracia que la democracia. Mientras más alejado esté un juez del sentimiento y las pasiones populares, más independencia y autonomía tendrá en su desempeño.
- Estado de Derecho: las reformas a la Constitución que se obtienen por mayoría calificada (dos terceras partes en cada una de las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y una mayoría absoluta de los congresos locales) son definitivas, inatacables e inapelables. Por lo mismo, no procede ningún amparo ni recurso en su contra.
- Estado de derecha: sí es posible detener, desconocer y desechar una reforma constitucional por parte del Poder Judicial, si un juez considera que es lesiva para los derechos humanos o si la mayoría calificada de ministros de la Suprema Corte considera que se violó alguno de los principios fundamentales de la Constitución.
En estos casos sí procede el amparo contra reformas constitucionales y echar abajo los acuerdos de las mayorías calificadas y absolutas que integran el órgano reformador permanente. El Poder Judicial es superior en facultades y atribuciones a los poderes Legislativo y Ejecutivo, juntos o por separado. Puede legislar y realizar actos ejecutivos (es la llamada critocracia o gobierno de los jueces).
- Estado de Derecho: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39 constitucional).
- Estado de derecha: el pueblo no existe, es una ficción populista. Sólo existen los ciudadanos individuales, con sus derechos humanos y garantías pro persona. Contener los desvaríos autoritarios de las mayorías populares es tarea del Poder Judicial.
La relación dialéctica implícita en esta dicotomía no es asunto menor; mientras el Estado de Derecho lleva ínsita la noción más diáfana de justicia, el Estado de derecha conduce a una visión vetusta del mismo concepto.
El proceso de repolitización generalizada del otrora presidente Andrés Manuel López Obrador se consumó en la histórica elección democrática de 2018, pero fue producto de un movimiento efectivamente popular iniciado hace algunas décadas, cuando el paradigma de gobierno era dominado por las máximas de unas élites económicas y tecnocráticas que poco o nada compartían con las causas populares o el interés general.
En tal contexto, la lucha por la justicia social de las y los fundadores del movimiento popular más importante de las últimas décadas dio frutos en la implantación de los principios de democracia sustancial de la Cuarta Transformación. Esto tuvo, entre otras consecuencias, el desenmascaramiento de la simulación, la falsedad, el engaño o el gatopardismo de la etapa neoliberal.
La relación entre el Estado de Derecho y la justicia dos conceptos fundamentales en la teoría política y jurídica es de carácter complejo y multifacético. El primero establece un marco formal en el cual las leyes se aplican igualmente a todas las personas, incluyendo a las que gobiernan. La justicia, por su parte, representa un ideal moral más amplio sobre lo que es correcto y equitativo.
Sin embargo, existe una relación de complementariedad: el Estado de Derecho provee la estructura necesaria para que la justicia pueda materializarse de manera ordenada y predecible. Sin un marco legal sólido, la búsqueda de justicia podría derivar en arbitrariedad o venganza.
A diferencia de un auténtico Estado de Derecho (en el que la percepción de justicia fortalece la adhesión ciudadana al orden legal), el Estado de derecha produce, en forma sistemática, resultados injustos, como juzgar dos situaciones prácticamente idénticas como la competencia para cuestionar la constitucionalidad de las reformas constitucionales en sentidos opuestos, dependiendo del tipo de mayoría que conforma el órgano reformador permanente, lo que conduce a la pérdida de legitimidad.
Por otro lado, el gran problema del Estado de derecha es que únicamente lo apoya una minoría de la población. Por mandato popular, México está abandonando el paradigma judicial conservador y adoptando el criterio democrático de la elección popular de las y los jueces, magistrados y ministros. No hay precedente en otros países; el nuestro está abriendo brecha. Tan sólo por ello, estamos ya a la vanguardia en materia de reforma al Poder Judicial.
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