Escuelas patito
Gaceta.
Por: Raúl Terrazas Barraza
Escuelas patito
De entrada, la colaboración que tendrán de forma especial la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor para sacar del mercado educativo a las escuelas patito, parecer prometer cosas buenas.
La intención es identificar todas aquellas instituciones que cobra por servicios educativos y no entregan como debe de ser la documentación prometida a los estudiantes o mejor dicho a sus familiares.
El asunto es que esa alianza entre las dos instituciones dirigidas por Mario Delgado Carrillo y César Iván Escalante Ruiz, de forma respectiva, de ir mucho más allá y revisar a las Escuelas que sí tienen autorizaciones oficiales tanto de la Federación como de los Estados, para someter todos sus procesos a evaluación y, en caso de que no cumplan suspender las concesiones.
Dicen que las autorizaciones a escuelas particulares de todo tipo, son algo así como la entrega de los Fiat notariales a los abogados que contaban con amistades en el primer círculo gubernamental y a quienes unas semanas antes de que concluyeran los sexenios quedaban convertidos en Notarios Públicos de la noche a la mañana.
Es el mismo caso de las placas para taxis y camiones o micros para que presten el servicio de transporte urbano, mismas que se otorgaban a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta que, al final todos esos documentos quedaban en manos de los acaparadores de rutas porque los beneficiarios directos de los funcionarios, nunca pudieron entrarle de lleno al negocio del transporte.
Es preciso recordar que, la naturaleza de las concesiones otorgadas por los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, obedecen a que, como obligados para otorgar ese tipo de servicios y no poder hacerlo, las instituciones públicas, pueden generar las autorizaciones necesarias para atender la demanda de la sociedad.
El hecho de que la PROFECO le entre al asunto de verificar que haya escuelas que ofrecen servicios a estudiantes y no tienen las autorizaciones necesarias, es un inicio bueno, hasta, para meter en cintura a quienes sí tienen permisos, pero, no cumplen con los estándares y compromisos adquiridos con los estudiantes y sus familias.
En Tamaulipas hay desde escuelas de nivel básico, hasta licenciaturas y postgrados que deben de subirse a la balanza, para checar que cumplen tanto a los estudiantes como a la sociedad de entregar personas bien capacitadas para la productividad.
El 2025, puede ser un buen año para alcanzar objetivos claros en materia educativa, incluso, PROFECO puede comenzar con sus investigaciones, para comparar el tipo de servicios educativos que venden, determinar su calidad y señalar el grado de patito que son, a fin de que, la gente no caiga en sus garras y a la hora de concluir sus estudios, no puedan arreglar jamás los documentos que acrediten la educación que cursaron.
Suena muy extraño que haya negocios en los cuales, como uno ubicado en la planta alta de un edificio en el 16 Olivia Ramírez, que oferta la preparatoria en tres o cuatro meses, algo que, pudiera ser de riesgo, sin embargo, a decir de algunos que han explorado el tipo de educación que allí es impartida, si, existen personas que acuden para tener el certificado de preparatoria en ese tiempo récord.
Existen otras instituciones que tienen programas de educación media superior, superior y postgrados que, para ganar terreno en el campo educativo precisan estrategias como la entrega de reconocimientos Honoris Causa a personas que destacan, desde su perspectiva en ámbitos profesionales, sociales y culturales, no le hace que no cuenten con una trayectoria académica, porque permite a la Institución que establecen esas gratitudes, ser bien vistas por la sociedad, aunque nadie puede garantizar que cumplen con los estándares educativos.
La SEP y PROFECO, pueden hacer muchas cosas para evitar los fraudes educativos, todo dependerá de hasta donde quieran llegar y, si lo hacen a fondo, se percatarán de que hay demasiadas cosas que funcionan mal y están allí para aprovechar a quienes les creen que serán bien formados desde el punto de vista académico, cuando en realidad solo les interesa el pago por semestre, cuatrimestre o colegiatura mensual que pagan y a cambio de la cual entregarán un documento que acredite su capacitación.
Están muy de moda y anunciados en las redes sociales de todo tipo, las Instituciones Educativas que imparte educación media profesional, profesional y de postgrado, que tienen muchos estudiantes en línea y, aunque las haya que sean garantía de buena educación, el asunto es que, por cada una de estas, es fácil encontrarse de tres a cinco que no lo son y al final de cuentas no pasaron de ser escuelas patito.
En los Estados del país, las Secretarías de Educación Estatales, como la de Tamaulipas que tiene a su cargo la Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor, pueden a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, iniciar un proceso de certificación de todas las escuelas de estos niveles que tienen concesiones gubernamentales, para que, aquellas que están en tela de duda, sean candidatas al retiro de los permisos.
Igual aquellas que solo están de nombre y dejaron de funcionar y quizá, los Diputados de la actual Legislatura a través de la Comisión de Educación que tiene a su cargo el Legisladora Yuriria Iturbe Vázquez, analice llevar a cabo modificaciones a las leyes estatales, para que las autorizaciones a empresas educativas sean requisitosas y que no se entreguen a personas como favores políticos, de la manera que ocurría con las Notarías y las placas para transporte urbano.