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IETAM no podrá pedir al PRI que rinda cuentas del dinero público que recibe

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 19 de julio. -A pesar de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ha entregado millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) -hoy señalado por diversas demandas laborales- está impedido para fiscalizarlo, confirmó la consejera electoral Deborah González Díaz.

Aseguró que, aunque el organismo asigna al PRI y a otros partidos recursos para que realicen sus actividades, la Ley no le permite al IETAM hacer un seguimiento de los gastos.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones del IETAM, explicó que la facultad de fiscalizar los gastos de los partidos políticos de Tamaulipas le corresponde -porque así lo establece la Ley – al Instituto Nacional Electoral (INE).

González Díaz refirió que, pues que se trascendió que el PRI de Tamaulipas se enfrenta demandas laborales, no se abrió una investigación para ver en qué se gasta el dinero público que se les otorga.

Explicó que el IETAM entrega dinero a los partidos con dos etiquetas específicas «justamente para la promoción del voto en el proceso electoral y los recursos de carácter ordinario que se entrega año con año los partidos que cumplen con los requisitos para su obtención».

La consejera electoral refirió «sin embargo el tema de fiscalización de recursos se han partidos nacionales o locales es competencia del Instituto Nacional Electoral que en su caso deberá hacer los procesos de fiscalización para comprobar la erogación del recurso».

González Díaz señaló que en el caso de las demandas laborales que enfrenta el PRI se considera que se trata de un asunto de carácter privado.

En consecuencia, «ni el INE ni el Instituto Electoral de Tamaulipas tendrían ninguna acción o atribución en este tipo de asuntos derivados seguramente alguna cuestión judicial o de algún otro tipo debido a una relación laboral».

La consejera electoral sostuvo que cada partido político tiene autonomía para organizar sus gastos y sin embargo el INE tendrá la última palabra al realizar las labores de fiscalización.