Insalubre y latente peligro se encuentran las instalaciones de la Secundaria Técnica 87 del Fraccionamiento San Jacinto

* “Es la corrupción que las mantiene secuestradas (las escuelas públicas).  Ésta es la realidad de la que nadie había hablado durante muchos años”: Torres Mar

Por Agustín Peña Cruz |

Altamira, Tamps. – Reza la máxima del artículo tres Constitucional en su párrafo numeral once, parafraseado en materia de educación donde se privilegia “…la tecnología, la innovación…la promoción de estilos de vida saludables…el cuidado al medio ambiente, entre otras”, son preceptos que deben respetarse porque están consagrados en la máxima ley del estado mexicano y conforme a lo establecido en la doctrina kelseniana, deben cumplirse.

No obstante, parece indicar que las autoridades educativas administradoras del funcionamiento de la impartición docente no están cumpliendo en la Secundaria Técnica 87 del Fraccionamiento San Jacinto en Altamira, Tamaulipas, México, ya que además de cobrar una “aportación voluntaria de $500 pesos (cincuenta pesos mexicanos), con una población de aproximadamente Un  mil 100 alumnos, teniendo una recuadación oscilante en $550,000 (Quinientos cincuenta mil pesos mexicanos), no tienen instalaciones adecuadas conforme a los protocolos para poder operar con sanidad mientras que la seguridad en protección civil está expuesta a la comunidad estudiantil.

Para Fredy Torres Mar, activista social y defensor de los derechos humanos en materia de la Educación en el Estado Fronterizo del Estado Mexicano, “Estamos frente aún peligroso grupo de extorsionadores de la educación gratuita”.

Torres afirma que “urge que las autoridades inicien una investigación en la Escuela Secundaria 87 del Fraccionamiento San Jacinto”, puesto que “lo que sucede en esta escuela, es un claro ejemplo de la corrupción a manos llenas”.

Según el activista social, “la directora del plantel Laura Elena Gómez Pérez, quien es directora en ambos turnos, tiene que ser investigada por las autoridades de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, al igual que la mesa directiva. Los padres de familia necesitan presentar las denuncias penales correspondientes para llegar al fondo de todo esto, no solo se deben de destituir, deben de enfrentar a la justicia estos malos empleados de la educación”.

Torres, abogado de profesión cuestiona que “¿cómo es posible que entre tanto dinero y la escuela se encuentre en muy malas condiciones físicas en su infraestructura material?”. Pues al mismo tiempo asegura con testimoniales graficas que las “puertas están oxidadas, vidrios rotos, instalaciones eléctricas deplorables, salones sin pintar, patio trasero hecho un asco, peor que un basurero”.

“Sería vergonzoso que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal no ordenará una investigación en contra de estos malos servidores públicos de la educación”, sostiene el litigante.

Agrega que “la cooperativa es negocio de ellos (autoridades educativas del plantel), ni siquiera está registrada, el beneficio y las ganancias van a los bolsillos de ellos mismos y del contralor, quien a decir de los padres de familia son cómplices con la directora”.

Reveló que “la directora cobra el piso (derecho) a tres vendedores externos que venden adentro, dinero que tampoco reporta. Una vende pizzas, otros burritos y un señor que vende trolelotes, cada uno paga 100 pesos diarios (cien pesos mexicanos)”.

Subraya Torres que “las autoridades tienen que investigar a esta mala servidora (directora) de la educación y a sus cómplices, y de encontrarse responsables, deben de ser sancionados, no solo administrativamente, sino también penalmente, para ello, los padres de familia deben en su momento presentar las denuncias correspondientes”.

Desde el punto de vista del defensor de los derechos humanos, “no hace falta ni una auditoría para ver cómo se están clavando (quedándose) el billete (dinero) con la complicidad de las autoridades educativas que la han protegido. No sin dejar de mencionar la prepotencia de la directora y de la secretaría Zoé, en contra de papás y de los mismos maestros de la escuela”, quienes estos últimos estaría manifestándose públicamente ante dichas anomalías de no corregirse la situación.

“Tanto dinero y no tienen climas, sino unos obsoletos abanicos, es el colmo”, acota Torres.

CORRUPCIÓN FRENA LA EDUCACIÓN

El activista asegura que “las escuelas públicas les entra tanto billete por la vía aportaciones voluntarias y de las cooperativas escolares, que, si hubiera una administración honesta dentro de ellas, se tuvieran mejores instalaciones que los colegios privados de México”.

Según Torres, “todo se lo roban, lucran con la educación pública, con la complicidad de todos, incluida la del gobierno, a cambio de apoyo político electoral”.

El abogado ilustra el panorama que se vive en México, específicamente en Tamaulipas, “llegan maestros jodidos a ocupar una dirección dentro de una escuela pública, y terminan con ranchos, camionetas de lujos, residencias, cuentas bancarias, comen en los mejores restaurantes, etc.”.

Concluye diciendo que “es la corrupción que las mantiene secuestradas (las escuelas públicas).  Ésta es la realidad de la que nadie había hablado durante muchos años”.