Oficializan “cartel azul”.

A MI MANERA

Por Tello Montes

-Congreso extiende protección a CdV.
-Presentan ante TRIETAM impugnación de “atraco” de legisladores panistas.
-Además de financiamiento autónomo, la Fiscalía pretende seleccionara a próximo proveedores del gobierno del Estado.

El Gobernador electo Américo Villarreal Anaya, los diputados de morena y del Movimiento Ciudadano impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas a que revoque una serie de actos inconstitucionales e ilegales cometidos por los legisladores del Partido Acción Nacional.

Entre las reformas más relevantes que aprobó inconstitucionalmente el Congreso Local en manos de los panistas, fue la creación de una “súper” Fiscalía que elevaron a acciones de un “cartel azul uniformado” para extender cotos de impunidad al gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca, según denuncia generalizada de los diputados morenistas.

Resaltan que panistas y sus cómplices traicionaron al pueblo para concentrar en la “súper” Fiscalía de Justicia del Estado, los entes con los que han perseguido, lastimando a los ciudadanos y a sus adversarios políticos para llevar la violencia política institucionalizada más allá de las conclusiones del sexenio y prolongar protección al gobernador que ya se va.

Cabe mencionar que el TRIETAM ya recibió la solicitud del juicio electoral presentado por el gobernador electo Américo Villarreal y MORENA en defensa de derechos políticos electorales, en contra del Congreso del Estado que transfiere en funciones de materia de seguridad a la Fiscalía General del Estado y en contra del Gobernador del Estado por la promulgación y publicación de un decreto inconstitucional.

En concreto, con el aval de los diputados panistas, los aliados, comprados y sometidos del PRI y algunos de MORENA en el Congreso Local, Cabeza de Vaca pretende continuar controlando el poder estatal, más allá de las conclusiones del sexenio para el que fue electo, concentrando en la Fiscalía del Estado, el aparato del terror con el que ha ejercido su mandato.

Los diputados de MORENA, insisten que lo que hicieron los panistas fue un atraco legislativo, un golpe de estado, que pretende restar facultades al próximo gobierno de la cuarta transformación.

Además como una burla más para el pueblo, la “súper” fiscalía en el paquete de reformas, aparte recibió una fuente de financiamiento autónomo, además de injerencia sobre el ejercicio del gobierno estatal, al obligar a los proveedores del estado a pagarles una “carta de no antecedentes de corrupción” para poder ser dados de alta o sea que también van tener el derecho de decidir quién puede o no vender o prestar servicios al Estado.

Puntualizo el diputado de Morena Armando Zertuche, que es “vergüenza que los panistas sigan jugando con el pueblo de Tamaulipas, toda vez que esta iniciativa fue creada para proteger a GOPES, brazo armado del actual gobernador”.

Por su parte el diputado Humberto Prieto, expuso, que “están desesperados; fabrican y aprueban al vapor reformas e iniciativas que les favorecen a unos cuantos, pero sobre todo al gobernador, buscando de todas formas protegerlo, esto no es posible, es una humillación para las y los tamaulipecos que en vez de servirlos, a toda costa buscan su interés personal, sin impórtales el pueblo que es a quien deben servir”.

Las impugnaciones para revocar una serie de actos inconstitucionales e ilegales cometidos por los legisladores del Partido Acción Nacional en la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado ante el Tribunal Electoral del Estado fueron las siguientes:

1. Recurso de defensa de derechos político electorales, promovido por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva (morena) que fungió durante el periodo ordinario, en razón de que se les negó el acceso a ejercer su cargo en la Diputación Permanente.

La elección de la Diputación Permanente se realizó en dos ocasiones, obteniéndose empate con 18 votos cada propuesta. Al efecto, la ley interna del Congreso establece que cuando no sea posible designar al referido órgano, la Mesa Directiva del Periodo que concluye estará a cargo de la Diputación Permanente, por lo que se realizó tal declaratoria.

Ilegalmente, horas después, el GP-PAN presentó una nueva propuesta para elegir una nueva Diputación Permanente, la cual fue electa en contra del GP-morena y la representación de Movimiento Ciudadano.

2. Recurso de defensa de derechos político electorales, promovido por los Diputados Úrsula Patricia Salazar Mojica, Coordinadora del GP morena y Gustavo Cárdenas Gutiérrez representante de Movimiento Ciudadano, toda vez de que se les negó el acceso a ejercer su cargo como integrantes de la Junta de Coordinación Política, en razón de que no se les convocó a reunión de la misma para acordar la prórroga de la sesión más allá de las 5 horas que establece la ley.

3. Recurso de defensa de derechos político electorales, promovido por el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya, en contra del Congreso del Estado por la expedición del Decreto que transfiere funciones en materia de seguridad a la Fiscalía General del Estado y en contra del Gobernador del Estado por la promulgación y publicación de un Decreto inconstitucional.

Justificación: como Gobernador electo se vulnera su derecho de efectivo acceso al desempeño del cargo, pues la Constitución Política del Estado establece como atribución del Ejecutivo local el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y acciones en el ámbito de seguridad pública del Estado.

4. Juicio Electoral promovido por el partido morena, en contra del Decreto que transfiere atribuciones a la Fiscalía General del Estado, por vulnerarse los derechos del candidato postulado por la Candidatura común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” representada por el partido político morena.

Ante el la Fiscalía General de Justicia del Estado:

1. Denuncia presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario de morena.

Denunciados Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva y Félix Fernando García Aguiar, Presidente de la Junta de Coordinación Política, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, por violentar de manera reiterada y sistemática las disposiciones que rigen la organización y funcionamiento internos del Congreso, al nombrar de manera ilegal una Diputación Permanente y prorrogar una sesión sin los requisitos de ley.