Resolución judicial revoca designación de gobernador interino de NL
Por Agustín Peña Cruz |
En un giro sorprendente, la designación de José Arturo Salinas Garza como Gobernador interino del Estado de Nuevo León ha sido revocada por una resolución judicial emitida por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Nora Hilda Luna Lugo.
Cabe hacer mención que esta decisión se basa en un claro impedimento constitucional, desencadenando una crisis constitucional en la entidad.
Ya que la controversia surge del hecho de que Salinas Garza ocupaba el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia al momento de su designación como Gobernador interino por el Congreso del Estado. No obstante, la Constitución de Nuevo León, en su artículo 118, fracción V, establece que un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia no puede asumir el cargo de Gobernador.
La resolución destaca que, incluso después de recibir licencia temporal del Gobernador Constitucional del Estado, Salinas Garza infringió el artículo 132 de la Constitución de Nuevo León, que prohíbe a cualquier servidor público del Poder Judicial ocupar cargos en el gobierno, incluso durante licencias.
El fallo judicial resalta la falta de claridad en la normativa constitucional respecto a qué procedimientos seguir en caso de impedimento del Gobernador interino. Sin embargo, argumenta que, por razones de igualdad y coherencia, se debe aplicar el artículo 22, fracción XXXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. Este artículo establece que el Secretario General de Gobierno asumirá el despacho en casos de impedimento constitucional.
En ese sentido, Javier Luis Navarro Velasco, quien presentó la demanda, ha obtenido la suspensión definitiva respecto a varios efectos solicitados, impidiendo a las autoridades responsables emitir actos que obstruyan su ejercicio en el encargo del despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
La resolución destaca la importancia de respetar las disposiciones constitucionales y legales en el ejercicio de funciones pública, por lo que esta situación deja al Estado de Nuevo León en una confluencia política, con la necesidad de revisar los procedimientos constitucionales para evitar crisis similares en el futuro y restaurar la estabilidad gubernamental.