Victoria y Anexas/Ambrocio López Gutiérrez/LAS EMPRESAS DEL CRIMEN

Victoria y Anexas/Ambrocio López Gutiérrez/LAS EMPRESAS DEL CRIMEN

A pesar de los esfuerzos federales y estatales por combatir la delincuencia en todo el país, el noreste de México es un amplio escenario en el que se desarrollan distintas bandas que, en el pasado reciente, han contado con la complicidad o el disimulo de un sector de la clase gobernante. Jesús Gerardo Sánchez López, estudiante de la licenciatura en Sociología que se imparte en la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó una investigación documental donde apunta que los jefes del narcotráfico son empresarios del crimen ya que se dedican a producir y comercializar productos que, aunque son ilegales, cubren una importante demanda en el mercado. A continuación, se presenta un resumen del texto.

El origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de sombras. Mientras que muchos señalan a los inmigrantes chinos, llegados a México a principios del siglo XX con el equipaje cargado de sus conocimientos sobre el cultivo de opio y su dependencia a esta droga, otros creen que realmente el problema empezó décadas más tarde, cuando Estados Unidos, bajo la Administración de Franklin Delano Roosevelt, supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en suelo mexicano. El supuesto plan consistía en producir la gran cantidad de morfina necesaria para calmar los dolores de los militares de estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

El narcotráfico debe comprenderse como una forma de organización, que tiene como finalidad la conquista del territorio, para poder producir, vender y distribuir la droga, tráfico de personas y armas. Ese territorio, que el narcotráfico intenta conquistar es social, económico, político y cultural. El narcotráfico es una actividad económica inserta en la delincuencia organizada, con capacidad propia a nivel financiero y de operación, que a nivel mundial resulta un gran desafío. Específicamente en América Latina que, por las condiciones sociales, económicas y políticas es donde más proliferación ha tenido este negocio. El tráfico de drogas representa un problema en la agenda nacional; tiene efectos económicos, políticos y sociales en la vida de millones de personas en el mundo.

Afecta a las instituciones políticas de múltiples países, y en muchos casos, desafía al Estado. El grado de corrupción y violencia que el narcotráfico genera en muchos países y particularmente en México es muy alto (Chabat, 1999). Sus principales características son: 1) Generar extraordinarias ganancias, disposición de elevados recursos económicos y militares, que crean gran capacidad de corrupción entre el gobierno y la sociedad, gobierno, ejército, negocios, iglesia. Tiene facultades máximas de violencia e intimidación. 2) Organización sofisticada de las operaciones que realiza. 3) Gran destreza de reproducción. 4) Crea retos al gobierno y la sociedad, en función de su multidimensionalidad (implicaciones de carácter económico, político y social). 5) La conjunción de todos estos elementos le da aptitudes suficientes para debilitar a las instituciones del Estado.

Desde 1970, en México es evidente el deterioro en el proceso y capacidad del Estado para tratar el tráfico de drogas. Todas las medidas que se toman con la aprobación de Estados Unidos son ineficaces en la reducción del flujo de drogas hacia ese país; asimismo, por lo general, se caracterizan por la violencia y corrupción que este fenómeno genera. La situación contrasta con los continuos esfuerzos de ambos gobiernos por esconder las evidentes fallas en las estrategias antidrogas implementadas en los recientes años. La descripción del narcotráfico incluye: a) Producción y distribución de drogas en un país. b) Tráfico internacional de drogas. c) Consumo de drogas. d) Políticas de los Estados de combate a las drogas.

ESTOS FACTORES tienen diversas consecuencias, sólo que la amenaza a la seguridad nacional de un país se debe a fenómenos particulares y no al conjunto. La amenaza del narcotráfico en cada contexto se conforma de diferente manera: Bolivia y Perú están más inmersos en la producción; Colombia y México se preocupan por el tráfico y las políticas antinarcóticos; Estados Unidos por el consumo. En México, el narcotráfico es considerado como una actividad del crimen empresarial. En el mercado de las drogas, los bienes y servicios que se intercambian son ilegales; no obstante, existe cierta dosis de consentimiento. En este mercado las decisiones del Estado influyen, configuran y hasta determinan la incidencia de la actividad delictiva y criminal organizada. La censura, más que ninguna otra forma de intervención estatal tiene un efecto desestabilizador sobre la esfera de lo ilegal.

En México se desarrolla una lucha encarnizada entre los cárteles de drogas, cada vez son mayores sus manifestaciones de violencia, resultado del combate frontal al narcotráfico y al desgaste de las viejas pautas, que, hasta finales de los noventa, con el viejo régimen, habían marcado el combate al narcotráfico. La rentabilidad del narcotráfico aumenta por el crecimiento del ingreso de los consumidores y la destrucción de firmas de narcotraficantes. No obstante, la destrucción de cárteles y el decomiso de cargamentos sí reducen el consumo. Durante el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), el primero de una serie de presidentes impulsores del neoliberalismo, cuando el director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, encargó el asesinato del periodista Manuel Buendía, que con su trabajo puso en evidencia el vínculo del narcotráfico con las autoridades federales y el Ejército.

Durante el mandato de Carlos Salinas (1988-1994), los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta la familia presidencial. El hermano del mandatario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito para más tarde ser puesto en libertad sin que nunca se llegara a saber qué ocurrió realmente. Paralelamente, bajo el mandato de Salinas se creaba la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, se decomisaban y destruían grandes cantidades de drogas ilícitas, se emprendían campañas con el Ejército para disuadir del desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, se aumentaba la cooperación bilateral con los países vecinos y el país participaba en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobado por el Senado mexicano.

PERO EL FINAL DE los 80 y el inicio de los 90 fueron años prósperos para el crimen organizado. El Cártel de Tijuana o de los Arellano Félix creció durante los Gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo (1994-2000), mientras que el Cártel de Juárez alcanzaría un poder inmenso de la mano de su conocido líder, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, bautizado como el capo más poderoso, superando a los narcotraficantes colombianos, por la DEA. A la muerte de Carrillo Fuentes en 1996, la organización se debilitó, pero sus principales integrantes no tardaron en crear una nueva formación con base en Sinaloa. Ernesto Zedillo protagonizaría un hito importante en la historia del combate contra el crimen organizado.

En una visita del expresidente Bill Clinton en 1997, ambos Gobiernos firmaron un pacto de cooperación sin precedentes para la luchar contra el narcotráfico. El acuerdo sirvió para apaciguar un poco los ánimos del Congreso estadounidense, que ya entonces dudaba de la capacidad del Ejecutivo mexicano para combatir la lacra del tráfico de estupefacientes, a pesar de las sonoras detenciones de los cabecillas de los cárteles y su posterior extradición a Estados Unidos para ser juzgados. Vicente Fox (2000-2006). En el primer año de mandato, su Gobierno presumió de lograr decomisar un 340% más de psicotrópicos que en el mandato anterior, así como de destruir miles de hectáreas de cultivo de marihuana y amapola.

Felipe Calderón (2006-2012), también del PAN, se enfrenta a un panorama sin precedentes: los cárteles ya no se dedican solo a vigilar y proteger el tránsito de los cargamentos de droga, sino que entran en conflicto para controlar el territorio. Al poco de llegar al poder, el presidente tomó la decisión de involucrar a la Policía y al Ejército en una lucha frontal contra el narcotráfico bautizada como la “guerra contra las drogas”. El exmandatario incrementó en un 50% el gasto en seguridad del Gobierno al tiempo que fortalecía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal impulsando una guerra no declarada del Estado contra el crimen organizado y protagonizó uno de los períodos más sombríos de la historia de México. Esta ofensiva se saldó con alrededor de 70.000 víctimas mortales sin que sirviera para nada.

COMO RESULTADO de la intervención federal, (destaca Sánchez López), los cárteles aumentaron las matanzas internas y los ataques contra sedes policiales, soldados, funcionarios de seguridad y centros de drogodependientes. El asesinato de políticos municipales y estatales de primera línea, los ataques contra la población civil, el cierre de accesos a ciudades importantes a manos de sicarios y los desplazamientos de personas de sus hogares por el aumento de la violencia son elementos novedosos en la relación entre narcotráfico. Esta lucha, sin duda, ha sido tachada por muchos académicos, políticos y especialistas en el tema como un fracaso ya que se ha incrementado el consumo de drogas, el número de grupos de narcotraficantes, el porcentaje de armas introducidas de manera ilegal a nuestro país y un elevado número de quejas por la violación de los derechos humanos, tanto por parte de las fuerzas armadas y de la Policía Federal como por la policía estatal y la local.

Un fracaso que alude a la fallida decisión de resolver el problema del narcotráfico por la vía de la militarización y el camino de la demagogia punitiva, que favorece el despliegue de más policías en las calles de México. Ambas acciones han causado, en algunos casos, indignación. La violencia que hoy vivimos es un problema mayúsculo al que se suma un fracaso mayor: el del Estado y la sociedad, en general, en tanto que las estructuras del poder son débiles y están ausentes para imponer el Estado de derecho que haga respetar el derecho de los demás, un Estado en el que prevalezca el imperio de la ley y no el imperio de la negociación, y termine socavando el interés común al volverse tolerante con la desviación en la aplicación de las normas.

El alumno de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades agrega: este deterioro de nuestra sociedad ha hecho que se tenga la idea que se repite cotidianamente al afirmar que estamos en el país donde todo se puede, como resultado de la corrupción y poder criminalizar a miles de jóvenes orillándolos a sumarse al mundo de la ilegalidad, como resultado de una fractura en las creencias en la educación, el trabajo y la familia; un futuro que se clausura para generaciones de niños y jóvenes que han quedado atrapados en la pobreza, la desigualdad, la intolerancia y un individualismo mal entendido, elementos que desmontaron los referentes valorativos que reforzaban la cohesión social y dejaron el camino libre a la criminalidad.

EL NARCOTRÁFICO es un fenómeno que lleva existiendo muchos años hasta el punto de convertirse en un mercado muy grande en el que muchos países están metidos llevando a los gobiernos a intentar contrarrestarlo recibiendo represalias por parte del narcotráfico causando que haya más inseguridad y los civiles comunes sean los que tienen que pagar las consecuencias de esta guerra interminable causando que los mismos civiles sean violentos entre ellos mismos y contra las autoridades hasta el punto que las autoridades abusen de la gente sin que se pueda hacer nada.

Aunque el reporte de Jesús Gerardo, no incluye las administraciones federales recientes, hay que anotar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio un viraje radical y, en lugar de atizar la guerra contra las drogas, se dedicó a atemperar las causas de que las nuevas generaciones opten por enrolarse en los grupos delincuenciales. La flamante presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ha realizado ajustes que se reflejan en un combate más frontal a las “empresas del crimen”. La inseguridad sigue campeando en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila pero la federación no se cruza de brazos.

Referencias. Cisneros, J. (2014). Niños y jóvenes sicarios: una batalla cruzada por la pobreza. Martínez, R. (2020). Narcotráfico. Pereyra, G. (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”. Ramírez, S., Guillen, L. (s.f) El narcotráfico en México y su relación con la seguridad nacional. Sánchez, M. (2017). El narcotráfico en México, historia de un fracaso político. Pereyra, G. (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”. Correo: amlogtz@gmail.com