Armando Martínez destituye a cuatro funcionarios por cohecho
- Además, otros tres empleados fueron sancionados por faltas menores; en total, siete funcionarios han sido inhabilitados por violar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado durante el periodo 2021-2024.
Por Agustín Peña Cruz |
Altamira, Tamps. – La administración municipal de Altamira, encabezada por Armando Martínez Manríquez (2021-2024), ha destituido a siete funcionarios. De ellos, cuatro fueron sancionados por el delito de cohecho, mientras que los tres restantes enfrentaron sanciones por conductas menores que, aunque no graves, constituyen infracciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
Martínez Manríquez propuso por segunda ocasión ante el cabildo del nuevo periodo (2024-2027) a Teresa del Carmen Torres Amador como contralora municipal, destacando su alto desempeño en las funciones públicas y su estricta vigilancia de los tres principios fundamentales de la Cuarta Transformación: «no mentir, no robar y no traicionar».
Durante el periodo anterior, Torres Amador sancionó a varios funcionarios involucrados en actos contrarios a la ley, y las investigaciones sobre otras conductas irregulares siguen abiertas.
En el anterior mandato (2021-2024), los funcionarios destituidos por cohecho fueron Jenny Arlen Torres Hernández, Patricia Yáñez Zúñiga y Guillermo Antonio Mata Mesa, quienes ocupaban cargos administrativos en la delegación de Tránsito y Vialidad, así como Rosendo Hernández Mesa, inspector en la Dirección de Desarrollo Urbano. Todos ellos fueron inhabilitados de manera permanente.
El cohecho es un delito que se comete cuando un servidor público o un particular solicita o recibe, para sí o para otro, dinero o algún beneficio a cambio de realizar u omitir un acto dentro del ejercicio de sus funciones. Este acto vulnera la imparcialidad y transparencia en el servicio público, afectando la legalidad y el correcto funcionamiento de las instituciones.
De acuerdo con el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cohecho está implícitamente regulado, ya que esta disposición establece las responsabilidades de los servidores públicos en su desempeño, señalando que cualquier acción u omisión que comprometa la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio debe ser sancionada.
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su Artículo 136, también estipula que los servidores públicos deben actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. El incumplimiento de estos deberes, como en el caso del cohecho, resulta en sanciones conforme a las leyes vigentes.
El Código Penal del Estado de Tamaulipas, en su Artículo 230, regula de manera específica el delito de cohecho. Señala que comete cohecho el servidor público que solicite o reciba, para sí o para otra persona, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones. Además, este artículo establece las sanciones correspondientes, que varían según la gravedad de los hechos y el daño causado al servicio público.
OTROS SANCIONADOS
Entre los otros tres funcionarios sancionados por la Contraloría del municipio, a cargo de Teresa del Carmen Torres Amador, se encuentran Julio César Hernández Arratía, encargado de parques en el área de servicios públicos, quien fue sancionado a raíz de una queja ciudadana; Claribel Carreón Hernández, administrativa en la Dirección de Tránsito, sancionada por daños y perjuicios; e Ivon Marely Del Ángel Vázquez, contadora en la Dirección de Finanzas, cuya sanción no especifica la causa. Todos ellos fueron destituidos de manera permanente.