Denuncia el PRD: Ilegal, acuerdo que militariza al Estado.

*La militarización en México generará mayores violaciones a los derechos  humanos e impunidad.

Redacción / STAFF

Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de su dirigencia nacional  y de legisladores federales, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una queja sobre el decreto emitido por el presidente de México  relacionado a la intervención de la las fuerzas armadas permanentes, Ejército y  Marina, en el que denuncian que éste viola los principios de legalidad y certeza  jurídica.

La queja fue presentada este 13 de mayo ante la CNDH, y está firmada por Frida  Alejandra Esparza Márquez, diputada federal, Juan Manuel Fócil Pérez, senador  de la república y Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional  Extraordinaria de dicho instituto político.

En la queja, los perredistas, refieren que subordinar el mando civil al mando  militar, el Estado Mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, la cual establece que los órganos de seguridad pública deben Nestar en manos de civiles, y no de militares.

Lo anterior se debe a que si bien quedó establecido que el actuar de la fuerza militar en tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada,  fiscalizada, subordinada y complementaria, resulta alarmante que no se definan  los protocolos para que dicha actuación evite la violación de lo derechos humanos  de las y los mexicanos.

Ni ese acuerdo presidencial ni la estrategia general de seguridad han definido los  métodos para evitar el desbocado feminicidio, el asesinato de periodistas y de  luchadores sociales, los secuestros y los frecuentes hechos de violencia que vive  México, aún en las condiciones por la pandemia del coronavirus.

Sumado a lo anterior, ahora resulta que la población mexicana vive amenazada  por dos enemigos mortales, la delincuencia organizada y la pandemia del Covid  19, es por ello que con urgencia se presentó dicha queja ante la CNDH.

A decir de los perredistas, el acuerdo presidencial es una explícita militarización de  las funciones de seguridad pública que el Estado mexicano está obligado a  proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes, sin embargo el  presidente y Alfonso Durazo, están abriendo paso a la constante violación a los  derechos humanos.

La militarización se implanta en un ambiente donde la impunidad y la debilidad del  Estado de Derecho siguen siendo carta abierta para las fechorías de los  delincuentes. Los ciudadanos deben saber que el decreto del gobierno de México no sigue lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que  el mencionado decreto presidencial carece de especificaciones y procesos que se  habrían de seguir en el uso de la fuerza pública sin afectar a las personas.

Nuestra crítica a la militarización no surgen de la mala fe, sino del reconocimiento  de que la estrategia militar ya fracasó desde que el gobierno de Felipe Calderón le  declaró la guerra al tráfico de drogas. La finalidad es que el presidente de la  República no vuelva a tropezar con la misma piedra, porque los que pagamos las  consecuencias somos todos. Para evitar más sufrimiento hemos llamado a un  diálogo nacional para darle una salida democrática e integral a la crisis de  seguridad que estamos viviendo.

Por último, los perredistas recuerdan que en todos los países que han optado por  militarizar las funciones de seguridad pública, han aumentado las violaciones de derechos humanos y la impunidad.