La Estrategia de Seguridad Nacional y el Escudo de las Américas, implementados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, son los temas que comenta a profundidad nuestro apreciado amigo y colaborador de Candelero, diputado Ricardo Monreal para concluir en que “sin una cooperación horizontal, cualquier estrategia estará incompleta”
(Abraham Mohamed Z. director del Grupo Editorial Candelero).
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Por Ricardo Monreal Ávila
La semana pasada, la zarina antidrogas de la administración Trump, Sara Carter, presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas, una “hoja de ruta para que Estados Unidos derrote el flagelo de las drogas ilícitas y logre una América [sic] segura y saludable, donde una vida libre de drogas sea la norma”.
El plan parece apostar por un giro retórico significativo: además de la persecución armada a los cárteles, considera también la atención a la demanda doméstica desde enfoques comunitarios y hasta espirituales. Tiene carácter integral, por lo cual aborda el tema de la demanda (no solo la oferta) y considera aspectos de salud mental, educación, medios de comunicación y hasta la “sanación por medio de la fe”.
Es la continuación de al menos dos acciones anteriores (la Estrategia de Seguridad Nacional, presentada en noviembre pasado, y el Escudo de las Américas, dado a conocer en marzo de este año, cuando se llamó a una coalición político-militar contra los cárteles de las drogas, y fueron excluidos los gobiernos latinoamericanos con un denominador común: tener orientación nacionalista de izquierda).
La oposición en México se ha centrado en la orientación punitiva policial y paramilitar de la Estrategia, en la cual ciertamente se escala al máximo nivel de clasificación de amenaza de seguridad a los cárteles criminales, considerándolos “narcoterroristas extranjeros designados” y abriendo el escenario de “enfrentarlos directamente de manera armada, en cualquier parte donde se encuentren”. Sin embargo, no es lo único que contiene ni el único enfoque que en ella prevalece. Hay que ver más allá.
Estos son algunos de los puntos destacados de la Estrategia Nacional:
- Investiga y desmantela el tráfico de drogas en línea.
- Garantiza el acceso a programas de prevención y recuperación basados en la fe.
- Desarrolla la capacidad para tratar adicciones mediante una estrecha colaboración con organizaciones religiosas.
- Colabora con líderes religiosos y comunidades para unirse en la lucha contra el consumo de drogas y brindar esperanza y apoyo a quienes sufren de adicción.
- Mejora y respalda los esfuerzos de intervención temprana basados en evidencia, educación y concientización.
- Moderniza e integra la recopilación de datos sobre seguridad y salud públicas.
- Utiliza tecnología avanzada e inteligencia artificial (IA), para analizar las amenazas actuales y las que se prevén en el futuro.
- Informa al pueblo estadounidense sobre las drogas que perjudican a sus comunidades, mediante la rápida difusión de advertencias y orientación prácticas.
- Implementa por primera vez a escala nacional pruebas de aguas residuales para obtener datos precisos y casi en tiempo real sobre el consumo de drogas ilegales.
- Establece nuevas alianzas con organizaciones que apoyan la salud juvenil y amplían la prevención primaria.
- Apoya una campaña nacional de medios de comunicación y educación que refuerza la idea de un país libre de drogas como norma social.
- Capacita en respuesta a sobredosis y rescate.
- Aumenta la disponibilidad de Naloxona y el desarrollo de nuevos medicamentos para revertir las sobredosis.
- Mejora las pruebas rápidas de detección de drogas en entornos hospitalarios.
¿Qué tan viable es esta integralidad sobre el terreno? De un análisis, aún somero, se pueden identificar algunos retos que comprometerían los resultados deseados.
El primero es la coexistencia de dos lógicas contradictorias. Mientras el documento habla de sanación por medio de la fe y tratamientos basados en evidencia, la designación de los cárteles como “narcoterroristas extranjeros” abre la puerta a intervenciones militares unilaterales en territorio de otros países.
Esta dualidad no es nueva en la política estadounidense, pero en la práctica suele resolverse a favor del enfoque coercitivo, pues los presupuestos, las burocracias y los incentivos políticos privilegian resultados visibles de corto plazo (decomisos, operativos, capturas de capos o líderes) sobre procesos de salud pública de largo aliento.
En segundo lugar, la colaboración con organizaciones religiosas —eje central de la estrategia— plantea dudas en un país diverso y con una creciente población secular o de minorías religiosas. ¿Cómo se garantizará el acceso a programas de recuperación sin imposición de creencias? ¿Habrá estándares laicos de certificación para esos tratamientos? La historia de las “coaliciones basadas en la fe” en EE. UU. muestra logros en redes de apoyo, pero también riesgos de exclusión o tratamientos no basados en ciencia.
Un tercer punto, quizá el más espinoso para América Latina, es la asimetría. La estrategia dedica decenas de medidas a reducir la demanda interna, pero mantiene implícita la idea de que la oferta se combate fuera de sus fronteras, con o sin cooperación de los gobiernos locales. La exclusión de los países latinoamericanos de izquierda del Escudo de las Américas no es un detalle menor: convertiría a naciones enteras en zonas de guerra donde EE. UU. actuaría sin pedir permiso. Eso socava cualquier pretensión de enfoque “integral” que requiera confianza mutua.
Finalmente, la apuesta por inteligencia artificial y aprendizaje automático o macrodatos enfrenta obstáculos prácticos: privacidad de la población estadounidense, interoperabilidad entre Agencias de Seguridad y Salud, y que el consumo ilícito no se reduce solo con más información, sino con políticas de reducción de daños y de inclusión social.
La propia experiencia de la crisis de opioides (que, según la propia Fiscalía de EE. UU., desde principios del siglo XXI, ha cobrado en esa nación casi la misma cantidad de vidas que las que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial) enseñó que el prohibicionismo punitivo sin alternativas económicas profundiza el problema.
En conclusión, la hoja de ruta de la Administración Trump tiene méritos al visibilizar la demanda y la salud mental. Pero su eficacia dependerá de si realmente se asignan recursos equivalentes a los pilares “blandos” (tratamiento, prevención, fe) en comparación con los “duros” (operaciones militares, empresas bélicas unilaterales).
Mientras tanto, para México y el resto de América Latina, el mensaje sigue siendo contradictorio: “dentro de nuestras fronteras, enfoque integral —hasta con salud espiritual—, pero más allá de estas, persecución militar o represión unilateral”. Sin una cooperación horizontal, cualquier estrategia estará incompleta.
X: @RicardoMonrealA
