Resoluciones, sanciones y multas electorales

Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Resoluciones, sanciones y multas electorales

Sea cual sea la cantidad por la que se multe a partidos políticos, sus candidatos o actores del proceso que no concluyó con las votaciones el pasado seis de junio, sino que sigue abierto, porque documentos, inversiones en las campañas y medios de impugnación deben de ser revisados por los especialistas de los organismos responsables de llevar a cabo las elecciones.

Para ser realistas, tras el proceso de votaciones, los meses de julio y agosto se convierten en algo así como, el día siguiente para quienes una noche antes le dieron rienda suelta a la embriagues y sufren las consecuencias, con la diferencia de que, en el caso de los actores del proceso electoral todo está escrito en las Leyes de la materia y en lo segundo nada hay escrito depende de como se comporten las personas y de ese tamaño será la consecuencia.

Ya comenzó a verse en las resoluciones salidas tanto del Consejo General Electoral del IETAM como de los Tribunales Electorales quienes tienen que pagar platos rotos durante esta temporada, sea con sanciones económicas, amonestaciones o resarcir los daños que se hayan ocasionado con actuaciones fuera de la Ley.

Uno de los casos más sonados en las redes sociales del país es el de Samuel García Sepúlveda, gobernador Electo del vecino estado de Nuevo León a quien, debido a que no registró el respaldo otorgado en las redes sociales por su esposa Mariana, resulta que deberá de pagar una multa de más de 50 millones de pesos, el doble de, número más número menos, de aquello que según el INE costó la promoción realizada por la Influencer durante el tiempo que duró la campaña de su marido, quien abanderó la causa del Partido Movimiento Ciudadano.

También hay una multa de varios millones de pesos para otro grupo de influencer que respaldaron la campaña del Partido Verde Ecologista de México, tres de ellos, que estuvieron duro y dale en las redes sociales a favor del partido que dirige en la entidad Ricardo Gaviño Cárdenas, multa por la que debe responder la dirigencia nacional de la organización que tiene a su cargo Karen Castrejón Trujillo, ya que, para el INE pagaron como 20 millones de pesos a un centenar de influencer que se dedicaron a promover el voto unos días antes del seis de junio, por tanto, violaron el periodo de veda electoral establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el caso de asuntos estatales, cierto es que, la mayoría de los recursos de impugnación a los que tienen derecho ciudadanos, dirigentes y candidatos de los partidos políticos, las penas no son de grandes cantidades de dinero, pero, sí las hay y queda claro que las investigaciones realizadas ya por el Consejo General del IETAM o por las instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Tamaulipas, se documentan e tal manera que los infractores no tendrán más remedio que pagar o aceptar las amonestaciones, de lo contrario, les pueden invalidar los triunfos alcanzados en las urnas.

No modo, en el caso del gobernador electo de Nuevo León, García Sepúlveda, no vaya a conseguir de sus amigos dinerosos los más de 50 millones de pesos, para pagarle al INE y, como en el caso de los reclamos con instancias como la Comisión Federal de Electricidad o las Instituciones Bancarias, primero debe de pagar y luego meter pleito, porque meter pleito sin pagar, el caso está más que perdido.

Julio y agosto son meses muy incómodos para quienes fueron candidatos y no se diga para los partidos políticos, porque se trata de un período de multas si las cosas no se hicieron bien, aunque se haya pensado desde la perspectiva de los actores del proceso que, si cumplieron, porque no es u verdad la que cuenta, sino, la de la autoridad que revisó los documentos.

Obvio, esto no acaba aquí, porque están en proceso las aprobaciones de los gastos de campaña de los candidatos y de los recursos que fueron entregados a manera de prerrogativas a los partidos políticos para que cumplieran con su papel de organizaciones de interés público que reciben financiamiento del estado mexicano y de las entidades del país para sus tareas como instituciones acreditadas ante la autoridad electoral.

Hasta dónde se recuerda, los Institutos Estatales Electoral desarrollaron con gran tino las acciones relativas a la fiscalización, incluso, la intervención del IETAM en los tiempos en que fue presidente el contador Jorge Luis Navarro Cantú, fue significativa a nivel nacional y a partir de entonces se estandarizaron los proceso, para que los informes de los partidos y candidatos pudieran conciliarse de buena manera.

Para evitar multas, personajes como Samuel Ruiz Sepúlveda, Karen Castrejón Trujillo, de otros escenarios y la señora Ivett Bermea de García de Matamoros, la exdiputada Yahleel Abdalá Carmona de Nuevo Laredo y, a quienes se les comprobó que realizaron actos anticipados de campaña, debieron de interpretar de muchas manera la Ley Electoral, porque decir que así lo señala la normatividad sin establecer el alcance real y el impacto en la sociedad, resulta unilateral y es cuándo se encuentra que hubo dolo en las acciones, por tanto, se hacen acreedores a multas.

Quizá con un escrito libre de por medio que hubiese mandado el equipo de la campaña de Ruiz Sepúlveda a las autoridades electorales en el que se detallara que habría aportaciones sin costo de la esposa del candidato, se evitaría cuantificar la publicidad manejada en las redes sociales como influencer y con ello la multa no existiría, son embargo, el hubiera no existe y hasta dónde puede observarse, no hay la intención del INE para dar marcha atrás a la condonación de los más de 50 millones de pesos que deberá pagar el candidato o su equipo de campaña.