Van contra EPN y Videgaray por corrupción en caso British Petroleum

*Miles de pescadores mexicanos afectados exigen fin a la discriminación y que la empresa extranjera los indemnice como hizo en EU por la afectación cometida desde hace 10 años, así como acciones que los protejan en el futuro pues la pesca ha ido mermando

María de Jesús Cortez

Luego de que tras un convenio que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo con la empresa British Petroleum para callar con 25 millones 500 mil dólares las demandas de más de 300 mil pescadores mexicanos afectados por el daño ecológico y ambiental que la empresa hizo hace 10 años en las costas mexicanas, abogados de los afectados demandaron penalmente ante la FGR ( Fiscalía General de la República) que se investigue el caso pues se desconoce qué se hizo ese dinero así como castigo para quienes resulten responsables de lo que consideran presuntos actos de corrupción.

En rueda de prensa convocada por los pescadores representados por sus abogados, Juan Jorge Olvera Reyes y Horacio Polanco, los litigantes señalaron que la afectación causada a las costas mexicanas hizo que a partir de 2010 hubiera un grave declive en la producción pesquera.

«De 2010 a 2014 tan sólo promedio pescadores de Tamaulipas dejaron de capturar 800 millones de dólares», indicó Horacio Polanco.

Uno de los líderes de pescadores estimó que ha ido bajando la actividad pesquera y en la actualidad pueden decir que esa merma ha alcanzado un promedio de 78 por ciento a raíz de la afectación.

Ante tal perjuicio, Horacio Polanco dijo que los pescadores mexicanos son víctimas de ese accidente y merecen una justa compensación, «no somos enemigos de British Petroleum pero exigimos un acuerdo. El Golfo de México tiene cerca de 300 mil pescadores y nosotros sólo representamos el 10 por ciento por eso estamos aquí. Queremos un acuerdo justo, adecuado y razonable como operación espejo, esto es que lo que dieron en Estados Unidos también lo repliquen para los mexicanos porque no es posible que los sigan discriminando», indicó Polanco.

Por el área penal, Juan Jorge Olvera expuso que hay denuncia a Fiscalía General de la República por posibles actos de corrupción actualmente turnada a la fiscalía especializada en materia de corrupción de la FGR.

«Es contra el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y está en investigación. Esto se desprende de dos temas: uno de corrupción porque México hizo un convenio para retirar la demanda existente en Estados Unidos por ese delito ecológico que algunos han conocido, hubo daño ambiental enorme en las costas mexicanas y por consecuencia a los pescadores».

El abogado penalista dijo que en Estados Unidos sí hubo consecuencias legales y le pagaron a los pescadores a empresas, al mismo gobierno por parte de la empresa causante pero en México, recalcó, México hizo un reclamo pero se arregló en los últimos meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, se pagó ese dinero, 25 millones 500 mil dólares y no se sabe en qué lo gastaron.

«El primer pago fue en marzo de 2018 y el último de 15 millones de dólares fue el 30 noviembre 2018, último día de labores del sexenio anterior», aseveró Olvera Reyes quien hizo ver que esto deja muchas dudas y el destino de ese dinero está muy opaco «por eso el tema de la corrupción».

Horacio Polanco dijo que hasta esta fecha representan a 30 mil pescadores mexicanos, entre sociedades cooperativas y libres, quienes han tenido esta carga por más de 10 años y desconocen cuándo concluirá, pero dejaron en claro que así pasen 10 años más van a seguir en la lucha.

Además, señalaron los representantes de los afectados que independientemente de la reparación de daño quieren que la empresa British Petroleum emprenda acciones en favor de las costas mexicanas que los proteja en el futuro.

Por último y por cuanto hace a la discriminación que consideran que la empresa extranjera ha cometido en contra de los pescadores mexicanos los abogados advirtieron que interpondrán una denuncia ante las autoridades competentes por actos de discriminación que dicen que no pueden quedar impunes.