Emprende Morena Persecución Penal hacia Consejeros del INE

-el tema de la suspensión provisional de la revocación de mandato molestó al instituto político y desde la presidencia de la cámara baja ya se emprendió acciones legales.

Por Francisco Herrera.

El comportamiento del presidente de la cámara de diputados de la actual legislatura federal, Sergio Gutiérrez Luna, es preocupante para el INE, ya que pretende convertir un diferendo legal del tema de la suspensión del ejercicio de revocación de mandato, en una persecusión penal hacia todos los consejeros, y eso no es correcto para las instituciones públicas del país.

Así lo dio a conocer, la presidenta del consejo distrital 8 con sede en Tampico, María de la Luz Espinoza Hernández, al precisar que esta clase de hechos persecutorios no abonan a la democracia, ni al trabajo que llevan a cabo quienes integran este órgano electoral.

Explicó, que por mayoría el consejo general del INE aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato.

«En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público», explicó

Mediante un comunicado filtrado a medios de comunicación, el INE dejó en claro que las decisiones que se toman al interior pueden no ser compartidas «por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida», detalla el comunicado.

Explicó, que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.

«Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen», explica

Remarcó, que todos los consejeros rechazan las denuncias penales contra cualquiera de nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de la autonomía.

«Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión, en un estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos», remarcó