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Por Javier Terrazas

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La noche del 28 de junio en el mundillo parlamentario local circulaban los nombres de Víctor Miguel Guerra Enríquez, Javier Castro  Ormaechea,  y Alejandro Perales Huerta, como finalistas por la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Y finalmente, se impuso el victorense Javier Castro Ormaechea, un abogado de 49 años, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas  en 1992y con cédula profesional 1693048.

Dedicado buena parte de su vida profesional a la defensa de algunas empresas e instituciones bancarias, en la recuperación de carteras, ahora buscará las carteras pero de los funcionarios que de hinchan de recursos públicos de manera ilícita.

Abonaron a su causa elementos en el sentido de que era el menos pigmentado de azul, pues se había hecho el compromiso de palabra por parte del Diputado Carlos García González, de que sería apartidista.

Castro participó en tareas y comisiones de la campaña panista a la gubernatura e incluso fue parte del Comité de Entrega-Recepción en la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos.

Sin embargo, su nombramiento firmado por el gobernador apareció en la Procuraduría General de Justicia del Estado como Director de Averiguaciones Previas, al lado de Irving Barrios Mojica.

Más etiquetado con el PAN estaba otro de los aspirantes, Alejandro Perales Huerta, pues su padre, Abelardo Perales Meléndez, fue Secretario del Ayuntamiento del PAN en Victoria y luego Diputado Federal por el albiazul; actualmente funge como Coordinador Jurídico del Ejecutivo.

Aunque sin huella panista en la entidad,  Víctor Miguel Guerra Enríquez, oriundo de Baja California,  tuvo la oposición de algunas fracciones parlamentarias de que fuese forastero. Su formación y experiencia en el ramo son más sólidas.

Finalmente, se cumple, al cuarto para las doce por el Congreso del Estado el compromiso de designar al Fiscal Especial Anticorrupción, pues sacan su nombre el último día de labores del segundo periodo ordinario de sesiones y 18 días antes del límite legal.

 Una tarea mayúscula para un egresado de la UAT, que debe demostrar a propios y extraños su capacidad, verticalidad y autonomía,  en aras de que su efímero paso por la administración pública, con la nueva administración, ni le obligue a ser el verdugo de los ex funcionarios priístas, ni tapadera de los panistas.

El cargo y el reto son una gran responsabilidad, pues después de la seguridad y el empleo, el combate profundo de la corrupción es el tercer reclamo de la sociedad tamaulipeca.

Lo que menos se quiere por parte de la sociedad y sus exigentes sectores productivos, es un Fiscal Parcial o títere de la administración de la alternancia.

La urgencia no es hacer las cosas menos mal que en el pasado reciente, sino hacerlas bien, con apego a la legalidad  y marcar el camino del orden y el imperio de la ley, a través de personas a instituciones sólidas

Por cierto, ayer se hizo un recuento del trabajo parlamentario del segundo periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura. Según la Diputada panista Isis Cantú, se realizaron  29 Sesiones y 196 reuniones de Comisiones, expidiendo 118 Decretos y 42 Puntos de Acuerdo.

Se aprobaron 9 leyes nuevas, entre ellas el Sistema Estatal Anticorrupción, la de adopciones, de víctimas, cambio climático,  empoderamiento  de las mujeres.

Se eligió la directiva de la Comisión Permanente para el receso del 30 de junio del 2017 al 1 de octubre  presidida por Carlos  García González.