Implementa UPF Plan B Ante Reparto de Libros en Tamaulipas; Van por Amparos Comunitarios

*En la entidad se está llevando a cabo la distribución de los textos, pese a que un juez federal determinó paralizar esa labor en las escuelas del país

Francisco Herrera

Luego de que el amparo federal que un juez otorgó a la UNPF para evitar el reparto de libros de texto en el país no prosperara en algunas entidades, en Tamaulipas dicho amparo no surtió efecto y por tal motivo la Unión de Padres de Familia de la zona sur ya organiza la distribución digital masiva de la carta de derechos a padres de familia que no estén de acuerdo con los textos.

Mediante un comunicado de prensa enviado a medios de comunicación de la región, el Presidente de la UPF, David Hernández Muñiz, lamentó que la ley no se haga respetar en la entidad y con ello se estimule al reparto «de libros ilegales, ya que no respetaron el amparo que se ganó por un juez federal», externó

Reiteró que via redes sociales la UPF está realizando la distribución de la carta de derechos, donde los padres de familia expresen evitar el uso de los libros de texto que no han cumplido con los procesos que marca la ley para su diseño y distribución.

Dijo que, por medio de una asociación de abogados cristianos, que apoya a la UPF, pone a disposición el documento digital, que trás su llenado, debe ser entregado en las direcciones de los planteles educativos.

«Para que a su vez formen un amparo comunitario que ayude a presionar a la SEP, al Poder Judicial, así como al Gobernador de Tamaulipas y de esta manera poder ejercer nuestro derecho como padres de familia», dijo

Remarcó que en el formato que ya se reparte vía WhatsApp a los padres de familia inconformes con los nuevos textos, también podrán anexar documentos y pruebas fehacientes del reparto de los libros a los estudiantes, ya que un juez federal determinó que no cumplen con el proceso que marca la ley.

Hernández, dejó en claro que la SEP está incurriendo en una ilegalidad en la manera en que fueron conformados los libros de texto, así como su reparto, pues eso es considerado como un desacato judicial que tendrá repercusiones en funcionarios públicos y hasta en maestros.