Inicia la reestructuración del poder judicial
FACTOR ENTRE DOS
Por: José Efraín Caballero Sevilla
Inicia la reestructuración del poder judicial
La corrupción en el sistema judicial, es un flagelo que ha dañado de manera recurrente a la sociedad mexicana, ya que está muy distante la posibilidad de que este pueda otorgar justicia, siendo esta su función para la que fue establecido.
El problema radica, en que las cámaras legislativas pueden emitir leyes y reglamentos, pero es el poder judicial al que le corresponde determinar el significado de las mismas.
Los juzgadores, sean indistintamente jueces, ministros o magistrados; son quienes interpretan las normas y las leyes, determinando su significado a través de sus sentencias.
De esta manera, proceden a validar o en su defecto invalidar, las determinaciones que se llevan a cabo por otras instituciones u órganos de autoridad.
Es así, como la responsabilidad de interpretar de manera acertada, las leyes y la constitución para dar un fallo correcto, se resume en una sola persona; que no está exenta en muchos de los casos a responder a intereses contrarios a la impartición correcta de la justicia.
Hemos visto últimamente, como de manera tendenciosa, algunos jueces defienden a algunos particulares y a sus empresas, por encima de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos, siendo que el Estado Constitucional Democrático ha implicado colocar la garantía de los derechos humanos de las personas, como primera obligación estatal.
Las empresas no pueden estar por encima de los ciudadanos, ya que las primeras no tienen ese carácter, entonces cada vez ha cobrado mayor fuerza la idea, de que también los particulares pueden lesionar los derechos humanos de las personas, y peor aún, que los jueces antepongan los intereses empresariales a los intereses que van en pro de los derechos humanos de los individuos.
Como actor principal, el Juez juan Pablo Gómez Fierro ha tomado relevancia a nivel mediático, ante sus diversos y cuestionables otorgamientos de amparos, favoreciendo según él “la competencia económica” y haciendo a un lado los derechos humanos de las personas, que se ven afectadas ante estas resoluciones.
Un ejemplo que podemos citar, es el amparo que otorgó recientemente a la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobado por el Congreso, haciendo a un lado el derecho a la seguridad de las personas, anteponiendo un interés en el modelo económico de las empresas de telefonía.
Ricardo Mejia Berdeja Subsecretario de Seguridad Pública Federal, mencionó que nueve de cada 10 llamadas de extorsión son hechas con teléfonos de prepago, igualmente para cometer secuestros, delitos de trata de personas y en general para diferentes actividades criminales, de ahí la necesidad de hacer el padrón.
La corrupción en el poder judicial, no solamente es un flagelo que afecta el sector público, es trasversal a la economía y tiene efectos altamente nefastos en el sector privado.
Una de las transformaciones que se han mencionado como prioritarias de parte de los ciudadanos, es hacia el poder judicial, que ha estado sometido en gran medida a intereses particulares, mediante el cuestionable proceder en sus procesos y fallos.
Es por ello, que ha dado inicio un cambio en el poder judicial, por lo que, con 260 votos a favor de Diputados Federales de Morena, PT y el Partido Verde, se aprobó en lo general la reforma al poder judicial, que consta de diversas nuevas leyes.
En contra votaron 167 diputados del PAN, PRI, MC, y PRD, al que se sumó la bancada del PES inexplicablemente.
En esta nueva ley, se contemplan sanciones más duras por corrupción, para los funcionarios judiciales, quienes eran prácticamente intocables y un poder extrañamente incuestionable por los partidos políticos, pero si cuestionados por la ciudadanía.
El proyecto expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo; la Ley Reglamentaria y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Esta reforma incluye un artículo transitorio, en el que se prolonga por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual tiene con esta medida, la intención de iniciar un cambio estructural en el poder judicial, que hoy por hoy, había estado sometido a intereses contrarios a los de los ciudadanos, como lo ha constatado la opinión pública puntualmente.
Por otra parte, le he de comentar amigo lector, que resulta preocupante para la ciudadanía que se estén utilizando contra candidatos de la oposición, acciones de tipo legal, que enturbian el momento político que se vive. Así como la exhibición de documentación del que no se tiene ninguna certeza, más que la intención del inicio de una campaña sucia, donde deberían de privilegiarse los compromisos y proyectos hacia los Tamaulipecos.
Querido lector, que tenga un excelente día, nos leemos en la próxima.
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