Ley de Extinción de Dominio o amenaza.

Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Ley de Extinción de Dominio o amenaza.

Ya pasó por el Congreso de la Unión la Ley de Extinción de Dominio, que proviene de una propuesta mediante la cual quiere ejercerse una acción inmediata para revertir en beneficio del país los bienes que sean incautados a los que viven al filo de la Legislación mexicana.

Al ser aprobada por el Congreso de la Unión, esta Ley tiene que ser promulgada por el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, quien está ansioso por echar mano de ella, pues de allí se nutrirá de bienes al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, de bienes muebles e inmuebles, que antes se quedaban sin usar más, porque no había la forma de entregarlos a la sociedad.

Incluso, el presidente ya había entregar los derechos de propiedades como el rancho los Tres García que fue decomisado a Carlos Montemayor González, suegro de Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie, quien fue detenido hace casi nueve años como responsable de encabeza la banda de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva.

La propiedad está en manos de la presidencia municipal de Naucalpan que tienen a su cargo Patricia Durán y que recibió la instrucción de que sea utilizada para la construcción de una Universidad.

La Ley de Extinción de Dominio fue remitida de la Cámara de Senadores desde el primero de julio a la de Diputados, para su revisión y aprobación, cosa que sucedió en esta semana y que dio pie a infinidad de comentarios, puesto que, se prevé que deja las manos libres a las autoridades gubernamentales para que, a través de los Ministerios Públicos pueda determinarse qué propiedades pueden pasar a manos del gobierno.

El temor se da en función de que, la extinción de dominio puede ser mal usada contra ciudadanos que, sin deberla ni temerla, solo porque el estado mexicano definió que sus bienes pueden ser confiscados, se le fincan responsabilidades y se queda sin nada.

La Diputada Federal de Victoria, Mariana Rodríguez de Salinas, no estaría de acuerdo en que, la Ley de Extinción de Dominio se convierta en la caja chica del Gobierno de la República porque a través del Ministerio Público se pueden confiscar bienes y se enajenarán a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y de allí obtener recursos para financiar una serie de actividades que el Gobierno tiene comprometidas con la sociedad.

El punto es que, esta Ley regula la extinción de dominio a favor del Estado, por conducto del Gobierno Federal y las entidades federativas y se entiende como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación, ni compensación alguna.

Entre los delitos que originan esta sentencia, se encuentra el secuestro, delincuencia organizada, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

También, delitos contra la salud, trata de personas, por corrupción, encubrimiento, aquellos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorción.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio, es reglamentaria del Artículo 22 Constitucional, mismo que se refiere a esta figura jurídica y en cuyo dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, precisa que la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal, no anula la extinción de dominio, por lo que, las consecuencias subsisten contra los herederos.

Da la impresión de que, los mismos Legisladores están espantados de la aprobación de la Ley, porque se deja abierta la puerta para que el Gobierno haga lo que quiera con las propiedades de las personas que tienen cuentas con la justicia y, también de las que no las tienen.

La misma Tatiana Clouthier Carrillo, señaló que le abrieron la puerta a la arbitrariedad y a la injusticia, sin embargo, la votación que tuvo el dictamen fue suficiente para que la promulgación sea cosa de un rato y hasta se restriegue a todo mundo que el gobierno puede hacer lo que quiere con porque tiene el Congreso a su favor.

Otra Diputada, se dijo preocupada con la aprobación de esa normativa, misma que considera plagada de errores y ambigüedades, que resultan peligrosos porque pone en riesgo a la ciudadanía, ya que, el Estado tendrá elementos jurídicos a su favor para quitarle los bienes a cualquiera sin que haya sentencia definitiva de un Juez y lo peor, es que podrá venderlos.

Esto equivale a decir que, mientras averiguan te pueden quitar su casa, congelar tus cuentas sin la obligación de demostrar que los bienes o recursos fueron lícitos o que la persona es culpable del delito que le acusan.

La Legisladora argumento que, sí a alguien lo confunden con un delincuente, mientras demuestra su inocencia puede perder sus bienes y venderlos. Se trata dijo, de una Ley sin límites de aquello que el Estado puede quietarle a un individuo.

Quizá lo fundamental es como se vea la Ley, porque, así como lo pintan las mismas que no pudieron hacer nada desde sus curules en la Cámara de Diputados, claro que es una amenaza, pero, la gente normal tiene que apostar a que no será víctima del gobierno lópezobradorista, no hay de otra.

Ni modo que pueda quitarse el gusto al presidente de la República de no promulgar esa Ley con la que dará que vender al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y cuyos dividendos obtenidos de las ventas de bienes relacionados con los ilícitos, le permitirán cumplir con muchas de sus promesas para apoyar a quienes no tienen ganas de trabajar y que esperan la manutención por parte del Gobierno.

En Colombia una Legislación similar está vigente desde principios del 2014 e igual, es un mecanismo jurídico que establece y permite el embargo de bienes privados que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas, para ello, se debe realizar un proceso a través del cual se analiza el afectado, la actividad ilícita y el bien que se embargará.

Las causales de la Ley de Colombia, son casi igual que las de la Ley Mexicana que, reglamenta lo establecido en el Artículo 22 de la Constitución Política de México, solo, que, las de aquí, son más explícitas, para que no se escape nada que se relaciones con las actividades ilícitas, quizá solo faltó incorporar la palabra huachicoleo, por aquello de los tantos vehículos decomisados por ese ilícito.