Prevé PAN Ajustes en el PEF 2023 para Seguridad y Salud
*Todo indica que seguirán los recortes en varios rubros importantes para el país, para beneficiar las obras sexenales
Francisco Herrera
Luego de que en la cámara de diputados se aproxima el estudio y análisis del presupuesto de egresos de la federación para el 2023, desde ahora se anticipa un severo recorte a los rubros de salud y seguridad, pues ese dinero irá, una vez más, a las obras del Tren Maya y los demás proyectos que el gobierno de la 4T considera de mayor importancia.
Sobre el tema, la diputada federal del PAN, Rosa María González Azcárraga, anticipó una reducción a éstos dos rubros considerados, en este momento, cómo de vital importancia para el país.
Explicó que, a partir del 8 de septiembre, cuando el jefe del ejecutivo mande a la cámara baja la propuesta de presupuesto, y de ahí se estará cabildeando con todas las fuerzas políticas para ser aprobado a más tardar el 15 de Noviembre de este año
Puntualizó que este posible ajuste vendrá a repercutir en la salud de miles de mexicanos que no cuentan con medicamentos para el cáncer, incluso lo más básico para atender los padecimientos crónicos.
«El desabasto de medicinas sigue en el IMSS, pero sí sé los descuentan a los trabajadores, y qué decir de los medicamentos contra el cáncer, que estaban dentro del cuadro básico del seguro popular, que también quitaron», dijo
La legisladora panista recordó que al inicio del sexenio de la cuarta transformación fue eliminado el seguro popular, pues ante tal necesidad marcada en medicamentos el grupo parlamentario de Acción Nacional propuso que el esquema regresara con otro nombre.
«Sin embargo no avalaron la propuesta, fue desechada y al parecer seguiremos batallando con la salud en el 2023», recalcó
Dejó en claro que en éstos momentos el anteproyecto del PEF marca esa disminución en estos dos rubros, sin embargo, el GPPAN buscará que el impacto no sea tan negativo.
Finalmente, González destacó que algo parecido también se dará en el aspecto de seguridad, esto pese a que varias entidades del país atraviesan por una situación crítica y sin capacidad económica para colaborar con la autoridad federal en los delitos de alto impacto.