*El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, informó que existen cerca de 27 procedimientos abiertos derivados principalmente de observaciones detectadas en la cuenta pública 2023
Enrique Jonguitud
La Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene una estrategia legal para recuperar entre 50 y 60 millones de pesos que fueron observados durante procesos de revisión a entes públicos de Tamaulipas y que actualmente se encuentran bajo análisis del Tribunal de Justicia Administrativa.
El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, informó que existen cerca de 27 procedimientos abiertos derivados principalmente de observaciones detectadas en la cuenta pública 2023 y ejercicios posteriores, donde se busca establecer responsabilidades y recuperar los recursos involucrados.
“Estaríamos hablando de alrededor de entre 50 y 60 millones de pesos los que estamos tratando de que sean resarcidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó.
El titular de la ASE señaló que la recuperación de los recursos forma parte de una etapa más estricta de fiscalización, donde las observaciones no solamente buscan generar sanciones administrativas, sino también lograr que los fondos públicos regresen cuando no se comprueba su correcta aplicación.
Explicó que los procedimientos avanzan de manera gradual debido a la complejidad de cada expediente, ya que las observaciones deben cumplir con revisiones técnicas, análisis jurídicos y procesos de solventación antes de llegar a una resolución definitiva.
Noriega Orozco indicó que las auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2024 todavía se encuentran en proceso de análisis y que los resultados de esas revisiones se conocerán hasta finales del presente año, mientras continúan los trámites relacionados con cuentas públicas anteriores.
La Auditoría Superior del Estado mantiene abiertos los expedientes que podrían derivar en sanciones económicas o administrativas contra exfuncionarios y responsables del manejo de recursos públicos, además de que ya se han aplicado sanciones administrativas a más de un centenar de servidores públicos por irregularidades detectadas durante las fiscalizaciones.